El portavoz de Justicia del Grupo Socialista, Juan Carlos Campo, ha asegurado hoy en el Congreso que espera que los cimientos que ha enarbolado Julián Sánchez Melgar sobre la Fiscalía General del Estado “tomen vida propia y fortalezcan la institución que representa”.

Con motivo de la comparecencia del Fiscal General del Estado en la Cámara Baja, para la presentación de las memorias correspondientes a los años 2015 y 2016, el diputado socialista ha señalado que en el GPS hemos visto con las estadísticas aportadas de estos años “las luces y las sombras” en las que se mueve la FGE, así como “los puntos críticos” de la organización. En este sentido, ha indicado que ahora nos interesa mucho saber “cómo reacciona con su impronta personal el despliegue de esa organización”. Así, tras valorar de forma positiva las intenciones de “reorganización de los efectivos y recursos de la FGE”, el portavoz socialista ha mostrado sus “dudas” sobre “qué ha pasado sobre aquello que era un problema cuando asumió su cargo Melgar”.

Campo ha recordado que en la comparecencia del 5 de diciembre de 2017, el Fiscal General dijo que quería ser esa persona que encarnara “ese custodio objetivo de la legalidad”. “Nos gustaría saber qué se está haciendo para ser ese custodio y además, para hacerlo de manera objetiva”.

Recordó también el diputado socialista que Melgar aseguró que “el FGE no puede recibir órdenes ni instrucciones de ningún otro poder o autoridad”, en su comparecendia del año pasado, razón por la que le ha preguntado si “se lo ha dicho ya al Gobierno”, dado que este asunto “fue uno de los grandes problemas de sus antecesores”.

“En el proceso prelegislativo nos dijo también que hay dos maneras de intervenir. Una, vía informe de los proyectos de ley o normas reglamentarias y dos, por la memoria”, indicó Campo para preguntar al FGE si “va a decirle al gobierno que utilice más el proyecto de ley”. En este punto, reiteró que el PP nos viene acostumbrando a “utilizar al grupo parlamentario que le sirve de apoyo y así evitar los molestos informes previos que pudieran enriquecer el texto”.

Entre otras preguntas, Juan Carlos Campo se interesó por saber “cómo piensa ganar mayor autonomía orgánica y funcional para el Ministerio Fiscal; cómo está haciendo efectivo lo que nos dijo en su comparecencia de diciembre, de fortalecer la colegialidad en la toma de decisiones. Cómo está potenciando el papel de sus órganos consultivos, y también cómo está impulsando la especialización y las especialidades”. Así, añadió que si bien, “es de celebrar la apuesta por la especialidad, lo que no está claro es el acierto de algunas de esas especialidades, pero por ejemplo, no entendemos por qué no hay ni una causa de propiedad intelectual”.

Por otro lado, indicó que sobre la modificación del artículo 324 de la LECRim, “nadie duda de que las instrucciones no pueden eternizarse pero la misma certeza tenemos de la precariedad de medios y escasos recursos humanos con los que cuentan nuestros fiscales y fiscalas. ¿Ha hablado sobre este particular con el Ministro de Justicia?” Por ello, Campo le preguntó a Melgar si ha hablado con el Ejecutivo de “para reclamarle medios y recursos humanos para que dicho artículo no sea una fuente de conflictos”.

Entre otros asuntos, el diputado del PSOE se interesó por “lo que le ha dicho el Gobierno sobre el incremento de la plantilla en la institución” y también apostó por la necesidad de una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal para “consagrar esos principios de unidad de acción e independencia jerárquica conjugado con el de autonomía funcional de cada uno de los Fiscales”.

“Fracaso de LexNet”

Por otro lado, incidió en “las lagunas de la FGE en las nuevas tecnologías y su interconexión con los órganos judiciales del territorio nacional”. En este punto, recordó que hace unos días, “la fiscalía acordó solicitar el 11 de octubre la excarcelación de dos personas investigadas por estafa en prisión provisional por orden de un juzgado de Valladolid y remitió su petición por el sistema LexNet que ha implantado el Ministerio de Justicia al decanato, pero éste no dio traslado del escrito hasta dos días después, el 13 de octubre”.

“Fuentes jurídicas explicaron a un medio de comunicación –apuntó Campo- que tarde o temprano esto tenía que ocurrir porque el sistema de LexNet no permite la comunicación directa con el juzgado que tramita el asunto sino que hay que pasar por el decanato. Además, tampoco establece una marca o señal que permita a los funcionarios identificar que el documento que se remite es urgente como puede ser la puesta en libertad de dos personas encarceladas. Y esto es lo que ocurrió en este caso en el que la secretaria del juzgado dictó una diligencia de constancia asegurando que el escrito llegó a la sede judicial el día 13 para dejar claro que el retraso en la puesta en libertad de los investigados no fue por culpa del juzgado”.

Ante este episodio, “el decanato y la fiscal jefe de Valladolid han decidido que los escritos urgentes de la fiscalía no se cursen por LexNet. A partir de ahora los deberá entregar un agente de la fiscalía en mano o enviarlo vía fax”. Así, aseguró el portavoz socialista, que “el fracaso de una malísima implantación de la justicia digital determinó que en el Consejo Fiscal del pasado octubre y por unanimidad se solici-tara al Ministerio que parara la implantación. ¿Qué ha pasado desde ese día?, preguntó.
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Por último, Campo recordó que según la memoria de 2016, en el Ministrio Fiscal, “el 63 % son mujeres, pero más del 70 % de los puestos directivos de la Carrera Fiscal están cubiertos por hombres, habiendo considerado como puestos directivos a los Fiscales de Sala, Fiscales Superiores, Tenientes Fiscales superiores y órganos centrales, Fiscales Jefes Provinciales y Fiscales Jefes de Área, de los 48 nombramientos solamente diez son fiscalas. Ponga remedio a esto”, concluyó.