Carrera lamenta que “al defender la gestión de la Junta, el PP esté diciendo que los rectores mienten”, y advierte de que “se evidencia su estrategia por que lo privado siga ganando cada vez más espacio a lo público, a costa de éste”
La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Ana Carrera, ha defendido esta mañana en el pleno de la Diputación una moción en la que el PSOE quería comprometer el apoyo de toda la institución provincial a la reclamación que vienen realizando los rectores sobre el cumplimiento de la financiación acordada con la Junta de Andalucía.
El Grupo Socialista ha cumplido y ha llevado hoy la voz de los rectores al salón de plenos de la Diputación para que los grupos políticos se posicionaran a favor de una cuestión clave para la subsistencia de las universidades públicas, en plena expansión de las privadas favorecidas por el PP en ese afán de hacer que lo privado siga ganando espacio a lo público a costa de éste.
Es lo que Carrera ha defendido con recortes de prensa que ha esgrimido para lograr arrancar el respaldo de los grupos, a excepción del PP, a una moción en la que se pide garantizar el cumplimiento del artículo 21 del Estatuto de Autonomía para el acceso en igualdad de oportunidades de todos/as los andaluces e instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a garantizar por tanto el mantenimiento de la Universidad Pública mediante la financiación adecuada y suficiente tanto para 2024 como para 2025.
Carrera ha recordado que el rector gaditano Casimiro Mantell ha expresado su preocupación estos días por una falta de liquidez que podría afectar a los salarios de las plantillas y en general a los programas y líneas de investigación que se llevan a cabo y ha hecho especial referencia a que faltan dos millones de euros en los presupuestos andaluces para la UCA. Por eso, la moción de Diputación insta a la Junta de Andalucía a ingresar, de manera inmediata, el déficit que en la actualidad está sufriendo la universidad en la provincia de Cádiz.
A todo esto, además de exigir al Gobierno andaluz que cumpla con los rectores pues tiene las competencias la Consejería de Universidad, Carrera ha ido aún más lejos planteando a la Diputación que se implique en el problema en caso de que la Junta de Andalucía no lo haga. Y así en la moción que ha salido adelante en el pleno se ha aprobado que “la Diputación Provincial de Cádiz declara que la UCA es una institución fundamental en el desarrollo económico y social de la provincia, por lo que es susceptible de ser línea estratégica de colaboración de la institución provincial, para garantizar la calidad de la misma, si la Junta de Andalucía no lo garantiza”.
Estar del lado de la provincia
“Esta provincia necesita que ustedes se pongan de su lado”, le ha espetado al portavoz del PP a quien ha afeado que “esté dando a entender que los rectores mienten con sus reclamación”. “No se manifiestan por capricho, es una voz de auxilio”, ha subrayado Carrera para recordar a los diputados del PP “lo que ha hecho Moreno Bonilla en estos años”: “Crear cuatro universidades privadas, y si antes los titulares eran que la Universidad pública bonificaba el 99 por ciento de las matrículas ahora son recortes de impagos y recortes a la mitad en las partidas destinadas a la investigación que han pasado de 341 millones en 2021 a 176 millones en 2025, el presupuesto que se está debatiendo; en la autofinanciada que ha pasado de 83 millones en 2023 a 47 en 2025, así como en el plan de infraestructuras ha pasado en tres años de 160 a 80 millones”.
La portavoz del PSOE, en el turno de preguntas, le ha requerido información a la presidenta sobre los presupuestos de la Diputación para saber “por qué aún no se ha producido ni siquiera la comisión informativa sobre las cuentas provinciales”. En el mismo turno, ha coincidido con IU en demandar la información disponible sobre el viaje del vicepresidente, Germán Beardo, a Argentina para que quede claro que no ha hecho uso en ningún momento de fondos de la institución y certifiquen que ha sido un viaje exclusivamente privado.
Por otro lado, en relación a la moción elevada al pleno sobre el cambio del nombre del estadio Nuevo Mirandilla, el diputado provincial Óscar Torres ha señalado que es una decisión que toma en persona el alcalde, Bruno García, “de la que esta Corporación provincial no puede ser cómplice” y ha advertido de que incumpliría las leyes estatal y autonómica de memoria democrática. Ha recordado que han sido varios los requerimientos que han llegado al ayuntamiento de Cádiz por parte de la Secretaría de Estado de Memoria democrática sobre una decisión “que devolvería los honores justamente retirados al que fuera alcalde de Cádiz hasta en dos ocasiones”.
Una depuración que alcanzó también a la Diputación
Torres ha incidido en que “con el paso de los años hay un profundo conocimiento sobre la figura de Carranza que mandó depurar al entonces democrático alcalde Manuel de la Pinta, a 22 concejales de la Corporación municipal, a incontables funcionarios municipales y a centenares de gaditanos”, una depuración que ha precisado, también extendió el gobernador de Cádiz a la Diputación provincial donde solo dejaría a “los funcionarios buenos”. “A este personaje se le quiere rendir homenaje”, ha subrayado para resaltar que el ayuntamiento “se esconde tras una petición del Cádiz CF sobre una infraestructura que es de titularidad municipal”.
Que se apliquen el cuento
El diputado y alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, ha defendido la postura del PSOE en la moción relativa al Estatuto básico de los municipios de menor población que afecta a los de menos de 5.000 habitantes. Aunque el PSOE ha votado a favor de esta iniciativa que pide al Gobierno la aprobación de la ley (en trámite actualmente), Ruiz Arana le ha pedido al PP y a la presidenta de la Corporación “que se apliquen el cuento si quieren ayudar a los municipios pequeños” porque la realidad es que hasta ahora la mayoría de los fondos de la Diputación se los están repartiendo cuatro municipios de mayor población como son La Línea, Jerez, El Puerto y Algeciras. Mientras el Estatuto básico de los Municipios de menor población requiere reformas en todo el entramado del sector público, Ruiz Arana le ha reprochado a la presidenta que la Oficina de Alcaldes que era un proyecto sencillo para poner en marcha y asegurar trato igualitario “han tardado año y medio en ponerlo en marcha y lo han usado como titular para una rueda de prensa de Navidad”. “No hace falta oficina sino voluntad de atender a los alcaldes porque si la presidenta presume de estar visitando municipios resulta que los 17 en los que gobierna el PSOE no reciben el mismo trato en soporte y ayuda que otros municipios”, ha dicho para insistir en que “la Diputación no cumple con su cometido fundamental que es atender a los pequeños municipios y está centrando su gestión en las grandes ciudades”.
Falta de personal en los servicios comunitarios de los pueblos
Precisamente respecto a los servicios públicos en pequeños municipios, Carrera trasladó en el turno de preguntas la preocupación de estos por la falta de personal en los servicios comunitarios. Se refería así a municipios como El Gastor “donde la trabajadora de la Ley de Dependencia ha sido trasladada a otro municipio y no se ha sustituido, sumado a que la educadora social que trabaja en ese municipio además de en Zahara y Algodonales lleva un año de baja y tampoco se ha sustituido todavía y algo parecido ocurre con la psicóloga que tendría que acudir una vez por semana y lo está haciendo solo una vez al mes”. “Nos gustaría saber qué está pasando porque son solo ejemplos pero está pasando en otros municipios”, ha concluido.






