El vicesecretario general del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista, Javier Pizarro, junto al portavoz socialista en el ayuntamiento de Cádiz y diputado provincial, Óscar Torres, han mantenido un encuentro con la plataforma Bomberos Unidos que aglutina a los sindicatos CSIF, SBC y SAB y que representa al 70 por ciento de la plantilla del Consorcio provincial de Bomberos para abordar diferentes problemas de cariz laboral y preventivo que afectan al colectivo.

Pizarro y Torres se han comprometido a elevar un ruego en el próximo pleno de la institución provincial donde le pedirán a la presidenta, Almudena Martínez del Junco, que reciba a los representantes de los trabajadores, los escuche y resuelva sus demandas. Ha transcurrido un mes desde que los sindicatos plantearon la necesidad de esa reunión sin que hayan tenido respuesta alguna por parte de Presidencia y lo achacan al poco peso que tiene el presidente del ente, José Ortiz. “Es un presidente caprichoso en sus decisiones, un día dice una cosa, mañana otra, es arbitrario al no respetar los principios de concurrencia pública y en los nombramientos de altos cargos incumpliendo las normas”, apunta Pizarro.

La reunión para abordar la crisis de gestión y seguridad que atraviesa el Consorcio Provincial ha servido para poner sobre la mesa la “urgencia vital” de cumplir el acuerdo alcanzado con el anterior mandato socialista para aumentar en 90 el número de efectivos. Sin embargo, las reivindicaciones van más allá de la falta de personal. Basándose en el informe de inobservancia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) presentado por la plataforma, el PSOE denuncia una “opacidad peligrosa” en la gestión de la seguridad de los trabajadores.

“Estamos ante una acumulación de omisiones que evidencian un desprecio por la salud de los bomberos”, ha señalado Javier Pizarro. Entre las demandas técnicas que el PSOE trasladará a la Diputación se encuentran: la transparencia en el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos de trabajo; la retirada de equipos deficientes así como el cese inmediato del uso de cualquier material que no reúna las condiciones técnicas adecuadas y por último, el control documental, es decir, la implantación de un sistema de trazabilidad accesible para los delegados de prevención, para acabar con la actual indefensión de la plantilla.

“La gestión del PP en el Consorcio está instalada en la improvisación y el parcheo”, ha subrayado Óscar Torres, quien advierte de que la plataforma no descarta acciones judiciales si no se restablece el respeto al marco legal preventivo.

Desde el PSOE exigen que se depuren responsabilidades por la falta de control y que la Diputación garantice la seguridad jurídica y física de los 500 trabajadores que componen el servicio. “No vamos a permitir que la seguridad de nuestra provincia se vea comprometida por el sectarismo y la incapacidad de gestión de este Gobierno”, ha concluido Pizarro.