El PSOE provincial a través de su presidenta y  diputada  Mamen Sánchez ha denunciado hoy que el rechazo del Partido Popular al decreto ley debatido en el Congreso de los Diputados, en el que se incluían medidas como la subida de las pensiones, el bono eléctrico o el incremento del Salario Mínimo Interprofesional,  ha tenido también consecuencias directas y muy graves para los ayuntamientos de la provincia de Cádiz y  la propia  Diputación.

Como consecuencia de esta votación, las entregas a cuenta que reciben las administraciones locales se mantendrán en los niveles de 2023, renunciando a la actualización prevista para este año. Esto supone que los ayuntamientos y la Diputación verán retrotraídos sus ingresos a las cantidades que percibían en 2023, pese a la voluntad del Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, de incrementar estos recursos de forma progresiva cada año, estando ya prevista una nueva subida de las entregas a cuenta para 2026.

“La decisión del PP tiene un impacto directo en la capacidad financiera de los ayuntamientos y la Diputación de Cádiz, que dejan de recibir recursos actualizados para atender servicios esenciales como la limpieza, el transporte, la atención social o el mantenimiento de infraestructuras”, ha señalado la diputada socialista.

Según las estimaciones trasladadas por Mamen Sánchez, esta votación del PP, supone que las entidades locales de la provincia de Cádiz dejarán de recibir decenas de millones de euros respecto a los ingresos que les corresponderían con la actualización de las entregas a cuenta, un recorte que impacta de lleno en la financiación municipal y provincial.

A modo de ejemplo, la Diputación de Cádiz, que debería ingresar este mes 20.310.405 euros, pasará a percibir 17.095.125 euros. En el caso de los ayuntamientos de Cádiz y Jerez, cuyos ingresos mensuales del Estado en 2026 serían de 7.134.566 euros y 6.276.469 euros respectivamente, el voto en contra del PP supondrá un millón de euros menos al mes. Por su parte, el Ayuntamiento de Algeciras percibirá 2.890.648 euros, frente a los 4.419.730 euros que le corresponderían si el decreto ley hubiera sido aprobad. “El PP no sólo ha votado en contra de los pensionistas, también de los ayuntamientos y de las diputaciones. Esto es una irresponsabilidad mayúscula. ¿Alguien ha escuchado a Almudena Martínez, a Bruno García, a la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, o a José Ignacio Landaluce protestar? No. Porque están todos al dictado de Feijóo”, ha criticado Sánchez.

Desde el Grupo Socialista se subraya que la actualización de las entregas a cuenta es una medida técnica y necesaria para garantizar la estabilidad presupuestaria de las administraciones locales y autonómicas. “No se trata de una cuestión ideológica, sino de responsabilidad institucional. Bloquear estos recursos es dar la espalda a los municipios y a sus vecinos y vecinas”, ha añadido la diputada socialista.

Asimismo, desde el PSOE se destaca que esta actualización era fundamental para reforzar la capacidad financiera de los municipios y de la Diputación de Cádiz, permitiendo afrontar los suministros, los contratos públicos y la atención a una población con mayores necesidades sociales. “Hablamos de millones de euros que dejan de llegar a la provincia y que condicionan presupuestos, inversiones y empleo público”, ha señalado Mamen Sánchez.

La diputada ha sido especialmente crítica con la contradicción del Partido Popular. “No se puede defender a los ayuntamientos en Cádiz y votar en Madrid para que pierdan financiación. El PP ha elegido el bloqueo político aunque eso suponga castigar económicamente a esta provincia”, ha afirmado.

Asimismo, ha advertido de que trabajar con entregas a cuenta congeladas en cifras de 2023 obliga a los ayuntamientos y a la Diputación a hacer auténticos malabares presupuestarios. “Este voto pone en riesgo servicios básicos, retrasa proyectos y limita la capacidad de respuesta de las administraciones locales. Es un ataque directo a la autonomía local”, ha recalcado. “La provincia de Cádiz necesita recursos y estabilidad, no juegos políticos. Tumbar este decreto es recortar financiación a nuestros municipios y a la Diputación, y de eso el PP tendrá que dar explicaciones ante la ciudadanía de la provincia de Cádiz”, ha concluido la diputada socialista.