El PSOE de Cádiz urge a la Junta a comprar ya el suelo para construir el hospital con los ingresos generados por la venta de suelo público para que revierta en los gaditanos y gaditanas y en creación de empleo desde ZF

21
Abr
2025

Ruiz Boix denuncia la privatización “a machetazos” del PP en todas las esferas de la educación pública, desde los colegios, a la FP o la Universidad

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha pedido hoy a la Junta de Andalucía que no dé más volteretas con el proyecto del hospital regional de Cádiz y se haga cargo ya de la compra del suelo para empezar a construirlo. El PSOE va a presionar desde todos los frentes al Gobierno de Moreno Bonilla para que cumpla con su principal compromiso electoral con la ciudad y la provincia de Cádiz “varado hace siete años ya”. Y para ello, según ha anunciado, elevará una pregunta de máxima actualidad en el próximo Pleno del Parlamento andaluz que realizará la parlamentaria Rocío Arrabal para pedir explicaciones sobre “el espectáculo lamentable de castigo a los gaditanos que está ofreciendo el PP”.

Ruiz Boix ha anunciado asimismo el respaldo del PSOE a la plataforma ciudadana que se está organizando para reclamar la construcción del hospital a través del pago de los 12 millones al propietario del suelo, el Consorcio de la Zona Franca “un organismo dependiente del Gobierno de España pero en el que participan otras administraciones y donde está sentado como presidente del pleno del Consorcio el alcalde de Cádiz, Bruno García y cinco representantes del Ayuntamiento de Cádiz, una institución, por tanto que recibe los mismos informes jurídicos, los mismos informes económicos de los letrados del Estado, de los habilitados nacionales, que tratan de salvaguardar el patrimonio de esta institución, un patrimonio que claramente está al servicio de la creación de empleo en la provincia de Cádiz y muy especialmente en la ciudad de Cádiz, donde se acierta desde hace más de un siglo con sus más de 100 años de historia”.

Y en la misma línea, ha advertido de que “en ese pleno además de sentarse como presidente, el alcalde de Cádiz también se extiende a la Diputación Provincial de Cádiz en este caso, su presidenta o la que forman parte otras administraciones del Estado, o de la cámara de Comercio, que son instituciones en este caso no están vinculadas al Gobierno de España, pero que forman parte de ese pleno y también algunos de esos miembros de ese comité ejecutivo por tanto, no entendemos la dificultad que no es más que el estar alejado de la realidad territorial de la ciudad de Cádiz”. Así ha insistido en que Cádiz sabemos que es casi una isla, sabemos que los terrenos existentes en el interior de la ciudad de Cádiz son números clausus, no hay nuevos crecimientos y desarrollo urbanístico, como sí puede haber en otras grandes ciudades o en otras capitales”. “Aquí tenemos merma de espacio, y cuando todos pensamos que ese suelo es propiedad de Zona Franca, no lo pensamos hoy, lo pensamos hace ya siete años cuando algunos se hacían fotografías en el mismo solar con el cartel de Juanma lo haría”, ha recordado para aseverar que “el pago de esos 12 millones de euros no van a parar a manos privadas, no van a ir a ninguna empresa privada, son 12 millones de euros que van de una administración pública a otra administración pública, en este caso una administración pública que tiene como objetivo la creación de empleo”. Y en este punto ha incidido en que “no está favoreciendo a nadie, no estamos favoreciendo a ninguna empresa privada, estamos favoreciendo al conjunto de los gaditanos ya que esos 12 millones de euros por cierto que también nacen de los impuestos de la Junta de Andalucía recaen en otra administración pública donde también va a seguir estando el alcalde de Cádiz y la Diputación Provincial, por tanto nos parece que todo este juego de trilerismo político únicamente vienen a engañar y a tratar de justificar la ausencia de compromiso real del Partido Popular de Moreno Bonilla, el Partido Popular de Antonio Sanz, su embajador en la provincia de Cádiz y del alcalde de Cádiz, Bruno García, que antepone los intereses partidistas, los intereses del Partido Popular a la solución que vienen exigiendo los vecinos y las vecinas de la ciudad de Cádiz”.

Por todo ello, se ha preguntado “por qué el alcalde de la ciudad, Bruno García ha salido al auxilio de la Junta ante la asignatura pendiente de Moreno Bonilla con Cádiz cuando la administración andaluza presume de unos presupuestos históricos, o cuando no ha sido capaz de utilizar 12 millones de los 1.500 millones de superávit que ha tenido en las cuentas en 2024”.

Como alcalde, Ruiz Boix entiende que los ayuntamientos deben ceder suelos para la construcción de edificios públicos de interés social pero advierte sobre la singularidad de la falta de suelo de la ciudad de Cádiz.

“Lo que queremos es que haya un acuerdo cuanto antes y que los fondos que tienen que venir, ese pago de los 12 millones de euros, no son fondos que tengan que detraerse de los presupuestos de educación, que tengan que detraerse de los presupuestos sanitarios, que tengan que detraerse de los presupuestos de la dependencia de Andalucía, sino que son fondos que se consiguen a través de la venta de patrimonio público que viene desarrollando el Partido Popular en la ciudad de Cádiz, obteniendo importantes fondos económicos, muy superiores a los 12 millones de euros”, indica.

Entiende el máximo responsable de los socialistas gaditanos que “ese dinero debe reinvertirse en la adquisición de más suelo público ante la carencia que ya existe de por sí en la ciudad de Cádiz”. “Me refiero con ello a los ingresos que tuvo la Junta de Andalucía con la venta de la residencia de Tiempo Libre, cuánto recaudó la Junta de Andalucía por ese edificio de propiedad pública hoy en manos de la propiedad privada, por qué no reinvierte ese dinero en la adquisición de ese suelo de Zona Franca para que se destine al Hospital regional, por qué no invierte el dinero de la venta de los suelos de Loreto Puntales, cuánto recaudó la Junta de Andalucía por la venta de esos suelos y por qué no lo reinvierte en el suelo público necesario en la ciudad de Cádiz”, insiste refiriéndose también al anuncio que han hecho de la venta de la Escuela de Náuticas, si finalmente lo realizan, cuánto van a recaudar por la venta de ese suelo y por qué no comprometen la reinversión a ese solar de Zona Franca tan necesario y que tendría el apoyo unánime de todos los habitantes de que el suelo público que se vende en este caso por las manos privatizadoras del Partido Popular redunda nuevamente en beneficio de la ciudad de Cádiz, en beneficio de los habitantes de la capital”.

En su opinión, “el PP está generando un conflicto cuando no lo hay, si ya hay recursos suficiente y hay venta de inmuebles y de patrimonio de los gaditanos, por qué ese dinero no viene directa, nuevamente a la ciudad de Cádiz y vuelvo a decir los 12 millones de euros que se piden del valor de ese solar no iría destinado más que a la creación de empleo, no va destinado más que a otra administración pública que sigue apostando y apoyando el empleo”.

Así con todo, ha pedido al PP que “dejen de engañar con su trilerismo político que van a repetir una y otra vez para tratar de culpabilizar de su torpeza, de su ineficacia, de que después de más de seis años de Juanma lo haría, no hay nada previsto para la construcción del nuevo hospital regional de Cádiz”.

Una segunda cuestión que ha denunciado en su rueda de prensa el secretario general tiene que ver con el proceso de escolarización que ha finalizado el mes pasado y la estrategia que ha seguido la Junta de Andalucía gobernada por el Partido Popular impidiendo la matriculación de niños y niñas en los colegios públicos de Cádiz capital y en este sentido, ha puesto como ejemplo el CEIP Santa Teresa que tiene tres reservas para infantil de cara al próximo curso, pero impide la matriculación de más alumnado, cuando la ratio está establecida en 25.

Ruiz Boix ha lamentado el recorte de líneas en la educación pública, más de 2.400 aulas en Andalucía, de estas unas 300 en la provincia de Cádiz y hay 300 profesores menos, mientras el presupuesto en la educación concertada se ha incrementado en 72 millones de euros.

Así, el secretario general ha respaldado la convocatoria de los docentes interinos cuyo comienzo está previsto para el 14 de mayo y ha pedido a la Junta que negocie con ellos para evitar los perjuicios a la comunidad educativa en pleno fin de curso.

Considera Ruiz Boix que detrás de esa estrategia por favorecer a la educación concertada hay un ERE masivo de 2.000 maestros en Andalucía que perderán su empleo mientras se favorecen a los centros concertados. “Así los jóvenes que estudian magisterio pensarán que es más fácil encontrar empleo entre los amiguetes del PP propietarios de esos centros privados y concertados”, ha dicho.

En definitiva, el dirigente socialista denuncia que “el corta y pega del modelo de la comunidad madrileña, el camino es recortar en la educación pública evitando la matriculación de niños mientras fortalecen la concertada y privada como están haciendo también en la Formación profesional con la expansión de cuatro centros privados por cada uno público en estos seis años del PP”. Y en la misma línea, ha criticado la creación de cuatro universidades privadas más dos que vienen en camino en este tiempo de gobierno de Moreno Bonilla.

Frente a ello, ha contrapuesto la inversión que realiza el Gobierno de España en la educación pública con 63.380 millones de euros, la cifra más elevada de los últimos años, así como el incremento en un 6 por ciento del presupuesto destinado a becas.

       El también diputado en el Congreso ha mostrado su confianza en que en la reunión de mañana en Madrid sobre la huelga de inspectores de pesca se alcance un acuerdo que evite el conflicto y evitar que afecte a la actividad de las almadrabas en plena campaña de captura de los atunes. Así, ha celebrado que hoy se hayan producido las primeras levantás en Barbate y Conil y ha recalcado que el Gobierno de España es un Gobierno que escucha, que negocia y que defiende los intereses del sector. “Hay hasta tres ministerios, Pesca y Alimentación, Política Territorial y Función Pública implicados en la búsqueda de una solución”, ha señalado para resaltar que el Ministerio ha asignado ya dos inspectores de refuerzo y los servicios mínimos están garantizados para que la actividad no sea vea afectada.