La candidata a la Presidencia, María Jesús Montero, mantuvo un encuentro de apoyo con el Comité de Empresa de ASANSULL en La Línea, donde recogió las reivindicaciones de un sector que denuncia la infrafinanciación de la Junta y exige la creación de una mesa de interlocución permanente.
El PSOE provincial de Cádiz ha manifestado su apoyo incondicional a las reivindicaciones del Comité de Empresa de ASANSULL tras el encuentro que representantes del comité de empresa y la presidenta, María Luisa Escrivano, mantuvieron en La Línea de la Concepción antes del mitin con Pedro Sánchez.
Durante la reunión, se puso de manifiesto la “asfixia financiera” que sufren los centros de atención a personas con discapacidad debido a la insuficiencia de la asignación económica por plaza que otorga la Junta de Andalucía, la cual no cubre los costes reales del servicio.
“Es intolerable que la Junta de Andalucía aún no haya aprobado el Primer Convenio para el sector en nuestra comunidad, dejando a nuestros profesionales en una situación de inferioridad frente a comunidades como Cataluña o la Comunidad Valenciana”, denuncian los socialistas, haciendo eco del manifiesto del comité que señala una brecha salarial insostenible. Desde el PSOE se subraya que la falta de compromiso de Moreno Bonilla está convirtiendo a los trabajadores esenciales en los “grandes olvidados” del sistema productivo andaluz.
En este sentido, la formación socialista hace suya la exigencia de constituir la Mesa de la Discapacidad de Andalucía en 2026, un órgano con el mismo rango que las mesas de Educación o Sanidad, para planificar políticas públicas transversales y asegurar la sostenibilidad de las plazas. “Si los profesionales de los cuidados paran, Andalucía se para; sin ellos, no hay atención temprana ni futuro para nuestros mayores y familiares con discapacidad”, recalcan desde el PSOE, enfatizando que la conciliación de miles de familias depende de la excelencia de este trabajo que hoy la Junta desprecia.
El PSOE de Cádiz denuncia la “doble moral” del PP, que presume de gestión social mientras mantiene congelada la financiación que debería garantizar salarios dignos y la actualización asistencial de los centros. “No aceptamos que los profesionales andaluces mantengan esta brecha salarial por la incapacidad de un Gobierno andaluz que no ha creído en lo público ni en los derechos de los más vulnerables”, señalan para concluir “que nosotros sí lo haremos”.