El diputado socialista y secretario general de la agrupación municipal del PSOE en Cádiz, Jose Ramón Ortega, ha sido ponente en la reforma de la Ley del juego, Jose Ramón Ortega, aprobada recientemente en el Congreso. “Una norma que PP y VOX no han apoyado y que los gobiernos de Mariano Rajoy habían dejado olvidada durante siete años en un cajón mientras que la publicidad agresiva de las casas de apuestas y el negocio del juego online crecía de manera descontrolada”, ha señalado para precisar que el Gobierno atiende a lo prioritario sin dejar atrás los cambios normativos para burcar el bienestar de las personas. “Y es que mientras que el actual gobierno de España sí toma medidas para combatir los efectos perjudiciales del juego, el PP allá donde gobierna baja impuestos a las casas de apuestas, bingos y tragaperras, como ha hecho en Andalucía, Murcia o Madrid, porque para las derechas, el negocio está antes que la salud de las personas”, abunda.

Ortega explica algunos objetivos de esta reforma en la que “al igual que se hizo con la regulación de la publicidad en 2020, se busca proteger a los menores ante el juego y prevenir en general, de una adicción sin sustancia como es la ludopatía, exigiendo a las empresas de juego que presten una especial atención a los grupos participantes en riesgo, además de adoptar medidas transversales de protección de los jugadores, regulándose por primera vez el juego online que es competencia estatal, a diferencia del juego presencial que es de competencia autonómica”.

“No obstante las comunidades autónomas se verán beneficiadas por el gravamen que crea esta norma respecto de la autorización, celebración y organización de las diferentes actividades de juego que puedan explotar los operadores habilitados, ya que será a las comunidades autónomas a quien se destinarán las cantidades recaudadas por estos conceptos”, añade el diputado socialista.

Ortega anota otras virtudes de la nueva norma como la creación del servicio de investigación global del mercado de apuestas, para la lucha contra el fraude en las apuestas deportivas y la manipulación de las competiciones y explica que además “se mejora la potestad sancionadora del Estado ante infracciones que afecten a más de una comunidad autónoma y la cooperación con las propias comunidades autónomas, al posibilitar que los llamados registros de prohibidos, aquellos que impiden el acceso a determinados lugares de juego a las personas inscritas, puedan compartir sus datos para ser así más efectivos e impedir que quien no pueden acceder al juego en sus comunidad, pueda hacerlo en otras comunidades, con el consiguiente riesgo de recaída en la ludopatía”.