El PSOE arranca la unanimidad de la Diputación para exigir a Moreno Bonilla el arreglo de la A-2231 y destapar las vergüenzas de la Junta con las escuelas rurales de Conil

16
Sep

El portavoz del Grupo Socialista, Javier Pizarro, eleva un ruego a la presidenta para que ponga equipos técnicos a disposición de las escuelas rurales y crear una mesa de trabajo, en la que participen la Consejería de Educación, el Ayuntamiento de Conil y la propia Diputación de Cádiz

El Pleno de la Diputación de Cádiz ha aprobado hoy por unanimidad la moción defendida por la diputada del Grupo Socialista, Mariloli Varo, para exigir a la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía la reparación, con carácter urgente, de la carretera A-2231, que une Barbate con Zahara de los Atunes. Durante su intervención, Varo ha denunciado la “imagen lamentable” que presenta una vía por la que discurren miles de vehículos en temporada estival. Además del arreglo urgente de la carretera y del carril bici abandonado, el acuerdo exige a la Junta impulsar la construcción de rotondas disuasorias para dar seguridad tanto al tráfico como a los vecinos del Botero y a los usuarios de la playa de Los Pajares.

En defensa de la educación pública y para garantizar que vivir en el medio rural no suponga tener menos derechos, el PSOE también ha logrado el apoyo unánime del pleno a su propuesta para la reapertura inmediata de los centros del CPR Campos de Conil. La diputada por la comarca de la Janda también ha defendido la moción que recoge la situación “crítica” de esta red, que mantiene cinco de sus seis sedes cerradas o inhabilitadas, afectando gravemente a 117 alumnos y alumnas, así como a 20 docentes. “Más de cinco años llevan las administraciones competentes jugando al pin, pan, pun, para no hacer nada y proceder al cierre”, ha recriminado Mariloli Varo, exigiendo a la Junta que mantenga las unidades educativas durante el cierre temporal y no utilice esta excusa para la desaparición definitiva de la escuela pública rural.

Ante la parálisis institucional, en el turno de ruegos el portavoz socialista Javier Pizarro ha complementado esta iniciativa formulando una petición expresa a la presidenta de la Diputación de manera que la institución provincial no se quede al margen y ha solicitado que se pongan a disposición los equipos técnicos de la Diputación para elaborar el diagnóstico de cada centro y el proyecto de rehabilitación. Asimismo, ha reclamado que la Diputación impulse la creación de una mesa de trabajo conjunta con la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Conil para aportar los recursos legales que hagan factible la apertura de los centros en el menor tiempo posible.

Rechazo del PP al apoyo a Ceuta y a la solidaridad territorial

Finalmente, el Pleno ha aprobado la moción socialista de apoyo y solidaridad con Ceuta tras la crisis humanitaria y migratoria de los días 30 y 31 de julio, iniciativa que ha salido adelante a pesar del rechazo y el voto en contra del Partido Popular. Pizarro, que ha defendido la propuesta, ha mostrado el reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha condenado cualquier forma de violencia, sin equidistancias ni ambigüedades.

Durante su defensa, el portavoz del PSOE ha retratado la incoherencia y la “doble moral” del PP en esta materia. “Resulta profundamente lamentable la actitud de quienes afirman defender a Ceuta mientras, al mismo tiempo, las comunidades autónomas donde gobiernan se niegan a asumir una corresponsabilidad efectiva en la acogida de menores”, ha denunciado.

Pizarro ha advertido de que los menores extranjeros no acompañados “no son cifras ni expedientes administrativos”, sino niños en situación de vulnerabilidad cuya protección es una obligación legal y moral. “No es aceptable reclamar solidaridad para Ceuta y negar esa misma solidaridad cuando se requiere la colaboración del resto de territorios”, ha sentenciado, lamentando que la derecha prefiera los discursos que alimentan el odio y el señalamiento frente a la responsabilidad institucional y la dignidad humana que rigen la actuación del Gobierno de España.