El portavoz de Justicia del Grupo Socialista, Juan Carlos Campo, ha reclamado hoy “una reforma del sistema de asistencia jurídica gratuita que garantice a los ciudadanos sin los recursos económicos suficientes ejercer su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva”.

A través de una Proposición no de Ley registrada en el Congreso, Campo ha pedido “una mayor especialización y la dotación de los medios suficientes y adecuados que mejoren y permitan el acceso a la justicia gratuita”.

En la iniciativa, Campo denuncia que la política del Gobierno del PP durante los últimos cuatro años se ha basado en “el control del poder judicial y el recorte indiscriminado de medios, con el claro objetivo de cambiar el modelo actual e imponer otro de fuerte componente ideológico en el que la justicia es menos servicio público y sirve menos para combatir la desigualdad”.

El diputado socialista ha recordado que, pese a que la ley garantiza la asistencia gratuita a quienes acrediten insuficiencia de recursos, las reformas del PP “han provocado efectos muy negativos para los derechos de los ciudadanos, incrementando la desigualdad y limitando el acceso al sistema judicial mediante la imposición de nuevas tasas y requisitos y la sustracción de competencias a la administración en favor de otros colectivos en una suerte de privatización”.

Campo ha denunciado que el recurso a la justicia gratuita se convirtió en el único horizonte de protección de las familias más vulnerables en una etapa marcada por la precariedad, los recortes y la falta de apoyo institucional. Sin embargo, de los 650 millones de euros recaudados por tasas judiciales entre 2012 y 2014, tan sólo se han destinado seis a las Comunidades Autónomas para hacer frente a la justicia gratuita que, según el Gobierno, era la razón de su implantación.

“Es imprescindible reforzar la justicia gratuita, la claridad y efectividad del sistema, una dotación suficiente y revisar los criterios para la concesión del beneficio de tal manera que se adecúen a la realidad de cientos de familias devastadas por la crisis, así como evaluar la efectividad del turno de oficio para dar respuesta con la debida garantía a este derecho”, ha concluido.