Pizarro pide a la presidenta ecuanimidad tras alterar los diputados del PP el orden en el pleno porque “no quieren que se hable de los escándalos de Landaluce”
El Grupo Provincial Socialista en la Diputación de Cádiz ha logrado hoy la aprobación de las tres mociones presentadas en el Pleno ordinario de la institución, demostrando su firme compromiso con las verdaderas necesidades de la ciudadanía frente a un Partido Popular dedicado al boicot institucional y al encubrimiento de sus propios escándalos.
La moción sobre vivienda pública, defendida por el portavoz socialista, Javier Pizarro, ha salido adelante gracias al respaldo de PSOE, IU y La Línea 100X100, y el voto en contra del PP. Pizarro lamenta la “ceguera política” de la derecha y afea al PP de Cádiz que “emule a sus compañeros en el Congreso en el rechazo a medidas para afrontar el problema del acceso a la vivienda”. En el pleno, el portavoz ha recordado que el acceso a un hogar es un problema estructural y ha exigido a la Junta que aplique las medidas del Gobierno de España, que moviliza 7.000 millones de euros en el Plan Estatal 2026-2030 y otros 10.000 millones a través del Real Decreto-ley 29/2026 para facilitar el acceso a la vivienda. “No se puede dar la espalda a los jóvenes gaditanos por puro sectarismo”, ha destacado Pizarro para insistir en que la Junta de Andalucía, que tiene las competencias, debería de recuperar la senda de construcción de vivienda pública de los gobiernos socialistas.
La segunda propuesta socialista elevada al Pleno y aprobada por unanimidad reclama la defensa de la independencia y especialización de los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género, como las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) y el SAVA. La iniciativa que se hace eco del recelo de colectivos feministas y asociaciones de mujeres hacia la gestión de VOX en el ejecutivo andaluz, insta a garantizar los recursos sin injerencias políticas o ideológicas en la atención a las víctimas de violencia machista. Así advierten desde el PSOE al Gobierno andaluz de que cualquier modificación relativa a la organización, funcionamiento, protocolos, equipos o estructura de las Unidades de Valoración tiene que garantizar el rigor científico, la especialización profesional, la perspectiva de género y la autonomía de criterio de sus profesionales.
La diputada socialista Carmen Collado, encargada de su defensa, ha introducido en el debate la actualidad política generada en el Ayuntamiento de Algeciras por su alcalde, José Ignacio Landaluce, quien acumula- hasta el momento- dos denuncias por acoso y agresión sexual, lamentando el pacto de silencio del PP que ha permitido al alcalde actuar impunemente durante años, a pesar de la información de la que disponían en los canales internos del partido.
Esta denuncia pública ha provocado que la bancada del PP alterase el orden en el salón de plenos, evidenciando su nerviosismo e incomodidad con los escándalos de Landaluce, hasta esta semana apoyado por los concejales del PP de su Corporación. Para el PSOE, resulta “bochornoso” que, a día de hoy, con una dimisión y una moción de censura sobre la mesa, los populares aún pretendan que no se hable de Landaluce justificándose bajo la presunción de inocencia, en una actitud que claramente no se solidariza con las víctimas.
Finalmente, el Pleno ha respaldado también por unanimidad la iniciativa sobre la situación de las escuelas infantiles públicas en el Campo de Gibraltar, defendida por la portavoz adjunta, Ana Jarillo. La diputada ha puesto cifras al desmantelamiento de la educación pública que perpetra la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla, denunciando que en la comarca campogibraltareñas hacen falta 45 profesionales en diez escuelas infantiles donde existen importantes carencias de personal. “No podemos hablar de conciliación si las familias tienen que afrontar incertidumbre”, ha señalado Jarillo, reclamando a la Consejería de Desarrollo Educativo un diagnóstico urgente y la cobertura inmediata de vacantes para garantizar un servicio digno y de calidad.
Con estas mociones aprobadas, el PSOE de Cádiz reafirma su papel como fuerza útil que impulsa, fiscaliza, propone y defiende sin fisuras lo público frente a un PP provincial instalado en la negación de derechos y en la defensa de lo indefendible.
En el turno de ruegos, la diputada Ana Carrera ha reclamado a la presidenta provincial “agilidad y que pongan toda la capacidad técnica que tiene la Diputación a disposición del municipio de Arcos”, que ha sufrido importantes daños materiales por las recientes riadas. Collado también ha pedido con la mayor urgencia posible el acondicionamiento de la carretera 3113 tras los efectos del temporal del invierno pasado. “Las familias tienen mucho miedo a que se vuelva a repetir problema de evacuación de las agudas y la acumulación de tierra en la carretera muy deteriorada en algunas zonas”, ha señalado. Por su parte, Pizarro ha emplazado al diputado Bello que se dé un paseo por la carretera de Alcalá a Paterna, que es un ejemplo claro de carretera en mal estado dentro de la red de la Diputación.
El portavoz del PSOE ha puesto además sobre la mesa la desaparición de uno de los vuelos más usados que permitía ir por la mañana a Madrid y hacer la vuelta a las nueve de la noche, para reclamar “en esa capacidad que tiene la Diputación de negociar con los operadores, que se implique como ha hecho la Diputación de Granada o la de Almería”. Un segundo ruego expuesto por Pizarro ha tenido que ver con el Consorcio de Bomberos. “En abril presentamos ya otro ruego con quejas de los bomberos, la presidencia adquirió compromiso con ellos en una reunión posterior pero no se ha hecho nada de lo que pidieron y reclaman ya la dimisión del presidente y del gerente del Consorcio”, ha explicado. En tercer y último lugar, Pizarro ha pedido a la presidenta que explique por qué se produjo y en qué circunstancias la avocación de competencias del diputado Germán Beardo sobre el centro del Madrugador, en El Puerto.






